DEMOCRACIA
O DICTADURA
Zenair
Brito Caballero
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La divergencia
entre una democracia y una dictadura, consiste que la primera se rige por la
Transparencia garantizando con ello seguridad jurídica. No así la dictadura que
se arrastra en la corrupción propiciando impunidad y desequilibrio
institucional ya que la vergüenza una vez perdida se perdió para toda la vida.
Ejemplo de
ello el bloque toxico PSUV y partidos afines, que insiste en continuar lo que
proponía el difunto presidente Chávez, la construcción de un socialismo-comunismo
a la cubana en el que funcione a expensas de cúpulas obscuras que recurren a la
fuerza para acallar a las fuerzas vivas de la sociedad.
Tal como se
ve en la intención de coaccionar la justicia mediante el vil ataque hacia la
Sala de lo Constitucional. Preocupante dicho accionar y aún más cómo esto
incide en el panorama social de la nación, cuando ésta necesita oxígeno que
solo la iniciativa empresarial puede aportar a la agonizante economía local.
Tengamos
presente que ante la situación actual, la sociedad venezolana en todo su
conjunto: de manera especial un cierto porcentaje que se muestra indiferente
sentada en el escepticismo etc.
Debemos tener
muy claro, que es necesario prever todos los peligros que se ven en el
horizonte cercano y así enfrentarlos cuando algunos lleguen a hacerse
inevitables, ya que diferentes variables pueden agravarse de no frenar esta
acción déspota, la cual lo único que busca es limitar uno de los derechos
fundamentales que nos provee la constitución como es la justicia.
Más bien
vemos una estrategia de venganza y resentimiento por parte del bloque chavista
citado, que emplea los medios y recursos estatales, los cuales al verse
amenazados su falta total de gestión y transparencia muestra su rol cínico lo
cual lo descalifica aún más.
Venezuela, no
puede correr el riesgo de verse desprovista de protección jurídica ya que ésta
es indispensable para captar y sostener confianza en un mundo en el que las
crisis se mueven según la certeza o no que poseen las naciones. Los retos
sociales, tales como el narcotráfico que aquejan a las naciones carentes de
orden y derecho no pueden enfrentarse con dosis de corrupción e impunidad.
Por el
contrario, éste y otros males ven en escenarios como el nuestro tierra fértil
para su posicionamiento. Las acciones autoritarias así como de forma masiva y
sistemática deben terminar, de continuar dicha operatividad lo único que gana
terreno es la impunidad a través del manoseo de las instituciones para sostener
los poderes de los impulsores de dicha canallada.
La
administración de la hacienda pública y sus recursos monetarios, para uso
partidario como foráneo es lo que tanto temen perder, lo cual es fácilmente
constatable, sumado a ello no dar cuentas del uso eficiente de recursos. Más bien
se ve, la fuerza que éste puede dar a manos de sujetos que se niegan a regirse
por la jurisprudencia. Ya que dicha resistencia aporta al estancamiento
propiciado por los agente públicos que no conlleva a un acuerdo de
posibles políticas de estado, las cuales contribuyan a la transformación
de la nación en un verdadero polo de desarrollo.
Estos
escenarios confirman aún más la incertidumbre que poseen los operadores
jurídicos y económicos. Lo cual no puede negarse, ya que salimos mal evaluados
constantemente en diferentes reportes: World economic fórum, Brookings
Institution, Transparencia internacional y otros think tank.
El fin que se
pretende alcanzar por parte del oficialismo y sus cómplices es: doblegar el
estado de derecho, en el que los jueces, magistrados, etc. no puedan hacer otra
cosa salvo aplicar la ley no de la mano del justo derecho, sino excluir a todo
ciudadano enemigo a esta partidocracia que ha hecho del estado una piñatacracia
que presiona por mecanismos en los que apuestan a un Tribunal Supremo de
Justicia que legisle a conveniencia de las cúpulas partidarias y no al mandato
del ciudadano contribuyente.
Patético ver
a funcionarios que en el pasado se jactaban de estar en contra de prácticas
corruptas, y hoy día dado su doble carácter, personalidad se muestran tal como
son. Y es normal ya que la falsedad debe ser un don ya que hay ciertos agentes
públicos que la practican con tanta habilidad.
Si de
desarrollo de país se espera con este proceder, podemos asegurar que la anemia
que padece el entorno se agrava más. Dicho proceso es poco factible si las
relaciones entre estado y ciudadano no se basan en el ideal de la seguridad
jurídica, ya que ésta suple la necesidad de certeza en la vida cotidiana.
Así como la
existencia, conservación y desarrollo de toda sociedad. Sin seguridad jurídica
es inviable todo planteamiento económico. Ningún Businessman puede operar si no
se presenta la legalidad como sistema de convivencia, lo cual solo puede
legitimarlo un sólido sistema de justicia que se soporte en la Constitución. En
síntesis: venezolanos todos, recordemos que: El silencio es el mayor cómplice
de la corrupción, quien lo oculta al final de cuenta se termina convirtiendo en
cómplice. ¡Exijamos entonces!
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