viernes, 19 de julio de 2013

LA DESLEGITIMACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA

“LA DESLEGITIMACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA”

Zenair Brito Caballero

Las múltiples declaraciones de diversos sectores tanto privados como gubernamentales frente a los distintos movimientos de inconformidad que se están presentando en el país, como el de los profesores, empleados administrativos, obreros y estudiantes universitarios, los ferromineros de Guayana, los maestros y profesores de primaria y media por aumentos salariales, entre otros, apuntan a que están siendo “utilizados”, “forzados”, “infiltrados”, “manipulados”, en fin, presionados por fuerzas ajenas y extrañas a la esencia misma de las organizaciones que han roto su silencio ante lo que consideran desatención y abandono gubernamental. 

La deslegitimación del derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Nacional de 1999, no sólo coloca en riesgo a las personas que se atreven a levantar su voz para reclamar por aquello que consideran vulneración a sus derechos y abandono estatal, sino que les asigna disfunción cognitiva, ya que al señalarles como marionetas e idiotas útiles, les están castrando de su capacidad para pensar por sí mismos y organizarse como instancia para hacer valer lo que conciben como sus legítimos derechos, independientemente de los intereses de extraños, que por supuesto los hay y tratan de incidir.

La intolerancia y satanización a la protesta, el rechazo al disenso y en general la consideración de ilegítima la expresión de la inconformidad, no contribuye a alcanzar mayores y mejores niveles de bienestar, de justicia social y desarrollo con equidad, por el contrario, potencializa mucho más la polarización y el uso de la violencia como método para zanjar las diferencias y resolver las distintas problemáticas en sus diversos grados.

El país requiere amplitud de pensamiento para reconocer las diferencias, escuchar y tener en cuenta al otro como interlocutor válido, visibilizado, respetado y sobre todo, dignificado en su condición de persona, cualquiera sea su condición.

Así que, corresponde a todos hacer un esfuerzo consciente de resignificación de las palabras y acciones con las cuales se invalida y anula al otro, lo cual es un patrón arraigado en la población, en especial en aquellas personas que por diversas circunstancias se han empotrado y se mantienen en el poder, o aquellas que temporalmente lo han alcanzado en algún grado.
Esas conductas descalificadoras, son un catalizador más que aúpa y refuerza la violencia como herramienta de solución a las diferencias, las cuales son lógicas y naturales dentro de las relaciones entre seres humanos obligados a establecer algún vínculo, propio de la interdependencia humana y del medio que le rodea.

Pareciera que la protesta y la reivindicación de los derechos por parte de organizaciones y en general de aquellos que se sienten lesionados en sus intereses, se constituyera en una amenaza para los demás, como si estuvieran sumidos en el miedo y la paranoia de perder cuando el otro reclama. Por eso entonces, aparece la descalificación y el estigma como recurso para deslegitimar al otro y así librarse de lo que considera una amenaza por acción ajena.

Cuidado, mientras se tenga miedo por lo que el otro hace de manera legítima y en derecho, se perpetúa el estado de postración de la mayoría que luego se extenderá a todos en nuestro país.   




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