¿HASTA
CUÁNDO TANTA INSEGURIDAD CIUDADANA?
Zenair
Brito Caballero
Sin temor a equivocarme, el padecimiento más grave que sufre
en estos tiempos la sociedad venezolana es el que deriva de la inseguridad
galopante que se ha desatado de diversas formas en el ambiente.
Lo que más golpea la cotidianidad de la gente es, desde
luego, la inseguridad ciudadana, que se manifiesta de múltiples maneras, todas
ellas marcadas por los sellos candentes de las actividades antisociales y
delincuenciales.
Cuando parecía que el fulano socialismo del siglo XXI traería una era de paz creciente, los
tentáculos del crimen empezaron a expandirse y a ramificarse de tal forma que
nadie pudo prever en el momento en que eso se comenzó a dar. Otra hubiera sido
la historia si al inicio del año 2000 se hubiesen aplicado los métodos
preventivos y las acciones correctivas pertinentes.
Entre el accionar de la delincuencia y la implantación del
crimen organizado, la institucionalidad se ve cada vez más atrapada y reducida,
sin que hasta la fecha aparezcan señales suficientemente convincentes, que tal
situación vaya a entrar en fase de tratamientos re-constructores eficaces y
sostenibles.
Pero aunque la inseguridad ciudadana es lo que aparece en la
primera línea de las preocupaciones y las angustias de los venezolanos, tal
como lo evidencian las mediciones de opinión pública que se vienen sucediendo
con más periodicidad en estos tiempos, como en la recién finalizada campaña
electoral para elegir Alcaldes y Concejales, lo cierto es que esa no es la
única expresión de inseguridad que padecemos en nuestro país.
Están también la inseguridad económica, derivada
principalmente de la debilidad de crecimiento que ya se ha vuelto crónica. Si
la economía no crece, el Estado tiende a estancarse, y las oportunidades de
mejoramiento de las condiciones de vida de la población no hallan dónde
encontrar arraigo. Crecen la escasez, el desabastecimiento, la inflación y el
alto costo de la vida.
Y a esta inseguridad hay que sumar otras dos, que son
realmente cruciales: la inseguridad institucional y la inseguridad jurídica. La
institucionalidad parece estar padeciendo una crisis de identidad muy
peligrosa, a la luz de los requerimientos de disciplina y de racionalidad que
trae consigo el desenvolvimiento democrático; y el imperio de la ley se halla
cada vez más asediado por los trastornos políticos y el embate de los intereses
sectoriales.
Como si ese panorama no fuera suficientemente estresante, en
estos últimos días parece estarse haciendo visible una nueva forma de
inseguridad, que tiene directa incidencia en la estabilidad de todo el sistema:
y es la que deriva de las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia y los jueces a
quienes corresponden las ejecuciones, en el sentido de posponer una Amnistía
para los presos políticos del régimen, y la medida humanitaria al Comisario
Iván Simonovis, enfermo, inocente y preso solo porque al gobierno le da la gana
que esté preso.
Si no se hacen esfuerzos significativos, en todos los
órdenes, para lograr que la seguridad gane terreno en el ambiente, ninguna de
las iniciativas específicas de modernización producirá los resultados que se
requieren para que el país gane estabilidad y credibilidad, que son factores
claves para el desarrollo.
Hay que salir del dominio de la improvisación y las
ocurrencias de este régimen socialista-comunista, para pasar al plano de la
planificación responsable y la proyección efectiva. Y los que hoy dirigen al
país con ese fulano socialismo-comunismo trasnochado y obsoleto, tendrían que
pronunciarse con claridad y suficiencia sobre este punto. Hasta el momento, ni
el difunto Chávez en 14 años de gobierno, ni
Nicolás Maduro con 8 meses en el poder lo han hecho. ¿Para cuándo será
eso? ¿Seguiremos esperando que la oposición se renueve?
