SI LA JUSTICIA SE HA VUELTO INJUSTICIA
¿CON QUÉ SE PODRÁ HACER JUSTICIA?
Zenair Brito Caballero
La
violencia es y siempre ha sido, en cualquier parte del mundo, una manifestación
de poder; y es desencadenada por el deseo egoísta de “ser/tener/poder”.
La cuestión
es que ésta se manifiesta de todas formas y en todos los ámbitos sociales. En
nuestro caso venezolano, sin equivocarnos, podemos afirmar que ya existe una
“cultura de la violencia”.
Y
eso es fatal para el país, pues una cultura no se puede erradicar sin
transformarla y una cultura no se transforma de la noche a la mañana. Pero
¿cómo hacerlo? En este sentido, la pregunta crucial es: ¿quién sufre las
consecuencias de esta violencia?
Pues
todos los que conformamos la sociedad venezolana, nosotros, pero es
principalmente “los de a pie”, los desposeídos del pueblo, los que más la
sufren, puesto que son ellos quienes, la mayoría de veces, en este entorno, los
que viven también una cultura de la dependencia: de su familia, su lugar de
origen, su trabajo, sus deudas y quién sabe qué más.
Es
ese sector social el que tampoco tiene opciones de seleccionar, de tomar
decisiones para salir de la incertidumbre que siembra la violencia. Esta
actitud belicosa no se ejercita en el vacío, sino sobre un “otro” y sus
cosas. Es la violencia inicial la que rompe el equilibrio de las relaciones
justas y normales de la sociedad, desde la familia hasta el Estado.
Esta
conducta es perversa por cuanto genera injusticias, por un lado, y respuestas
violentas y destructivas por el otro. Entonces es cuando se origina una
especie de círculo vicioso que cada vez requiere respuestas más violentas;
dígase, por ejemplo, tomar la justicia en propias manos.
No
estamos en una sociedad del “salvase quien pueda”, pero la realidad demuestra
que así es. Es como que este país es el Oeste desalmado de las películas vaqueras
donde se impone la ley del más fuerte, hecho que el “tipo” —ya sea el alguacil
o “sheriff”, o el indignado héroe— a balazos con su par de pistolas
quiere detener.
¡Qué
pena! ¿Por qué sucede esto? Naturalmente, por la ausencia de inacción de
las autoridades policiales, por esas leyes que parecieran amañadas,
que defienden a los delincuentes y hunden a los inocentes.
¿Y
dónde está la verdadera ley, pues? Es increíble que ahora tengan que buscarse
los delincuentes a través de las redes sociales; lo que tampoco es sano, ya que
cualquiera puede manipular esos medios —los “mass media”, como los llaman hoy—,
con todas las consecuencias perversas y negativas del caso.
Todo
esto, al paso que vamos, puede llegar a desencadenar un terrible accionar en
contra de cualquiera; y al final seríamos víctimas usted o yo. Pero, es
más, desvirtuarían la presencia de policías como autoridad constituida,
lo que sería un desastre para la ya angustiada sociedad venezolana.
Sabido
es que el poder orientado a proteger al débil previene la violencia, pero
cuando este poder como en el caso venezolano se manipula, generando
injusticias, desprotección, impunidad y muchas otras cosas más, en desventaja
para la sociedad, surge otra violencia que es la respuesta natural de defensa y
rechazo.
Y
peor es cuando el poder es “absoluto” como ocurre en nuestra Venezuela, pues
corrompe absolutamente —parafraseando el adagio—. Aquella se engendra en el egoísmo,
está en el amor o al menos en el derecho de justa defensa. Pero tampoco es
bueno.
Hay,
en efecto, en toda sociedad, leyes que regulan las prácticas sociales para
prevenir la primera violencia; para asegurar las relaciones justas, el bien de
la comunidad. Pero la realidad es otra, no siempre expresa su cumplimiento: la
primera violencia, aquella que es producto de la “desmesura del poder”,
engendra estados de injusticia, de desorden en las relaciones sociales. Y en
este sentido nuestro país no es la excepción.
Dada
la presente situación, hay también otras leyes que sirven para restablecer la
justicia (castigos, multas, indemnizaciones, etc.). El resultado buscado es el
retorno al estado normal de derecho en las relaciones sociales de
nuestra comunidad. Con ello, vemos que hay una reacción en el sentido,
que los civiles no creen ya en las leyes, sobre todo cuando hay posiciones
encontradas entre los que ejecutan las detenciones y los que penalizan
(Policía-Fiscalía).
En
casi todos los casos se siente, como clamor popular, el
reclamo de la buena y plena aplicación de las leyes. Es alarmante constatarlo,
por el hecho, que eso tampoco es la solución y eso de aplicar la ley del
talión: “Ojo por ojo y diente por diente”. Esta no es la solución al problema;
pero la gente así lo manifiesta.
Aquí
es donde la función justiciera del poder se pone a prueba. Ahora bien, si eso
es así, como sucede en cualquier parte del mundo “civilizado”, estamos a la
espera, que los magistrados del “honorable Tribunal Supremo de Justicia”
ejerzan el papel para el cual son elegidos.
El
problema es que, ante toda una situación de injusticia en lo referente a la
aplicación de la ley en la que hemos vivido en estos 15 años, es imposible
aceptar de la noche a la mañana un dictamen justo. Es fácil que dicha función
se degenere, se haga opresora, protegiendo a los gestores de la injusticia
primera, en vez de hacerlo respecto de los débiles y oprimidos.
Esta
es una segunda violencia, que apoya a la primera y deja al oprimido completamente
indefenso. ¿Contemplan las sociedades esta situación, creando leyes que
castiguen a los que no practican la justicia? Este problema es muy serio. Por
eso, si la justicia se vuelve injusticia ¿con qué se podrá hacer justicia?
